Corte de Apelaciones de Puerto Montt actualiza protocolo de traslado de niños, niñas y adolescentes a residencias
En el tribunal se realizó la firma de actualización del Protocolo de traslado de niños, niñas y adolescentes a centros residenciales del sistema de protección, a cargo del Servicio de Protección Especializada, Mejor Niñez, adoptado por primera vez en 2020.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt realizó la firma de actualización del Protocolo de traslado de niños, niñas y adolescentes a centros residenciales del sistema de protección, a cargo del Servicio de Protección Especializada, Mejor Niñez, adoptado por primera vez en 2020.
En la ocasión firmó la actualización del protocolo el ministro encargado de asuntos de familia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Patricio Rondini Fernández; junto a la secretaria regional ministerial de Salud, Karin Solís y los directores de los Servicios de Salud de Reloncaví y Chiloé, Bárbara del Pino y Marcela Cárcamo, respectivamente; además del director regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Pedro Adrians.
El traslado al que se refiere la iniciativa es aquel desplazamiento de un niño, niña o adolescente, decidido por la judicatura de familia, cuando debe ser conducido hasta una residencia o programa de cuidados alternativos, por ingreso o cambio, o hasta un lugar determinado por motivos de intervención; en circunstancias en que no sea posible o no corresponda que el referido desplazamiento sea de cargo de su familia o particulares.
Según explicó el ministro Rondini, el objetivo del acuerdo es garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescente cuando se disponga su traslado, asegurando las condiciones óptimas para su efectiva y coordinada realización. “El sentido es que las resoluciones judiciales de los tribunales de Familia que ordenan un traslado puedan ser cumplidas de la mejor forma posible, velando por el interés superior del niño y que el traslado sea en un entorno y ambiente de efectivización de derechos”.
“Lo anterior –agregó el ministro- supone la coordinación de todos los involucrados, no sólo judiciales, sino también del Servicio de Salud y del Servicio de Protección Especializada, porque muchas reveces las descoordinaciones se producían por falta de un protocolo, de saber con quién contactarse, cuáles eran los caminos a seguir, y en ese sentido es un gran avance y eso demuestra también que cuando el Poder Judicial y las distintas instituciones trabajan coordinadamente se logra un mejor servicio y prestación de justicia y en particular se vela por el bien superior de los niños, niñas y adolescentes”.
Por su parte, el director regional del Servicio de Protección Especializada, Pedro Adrians, señaló que: “Es importante ratificar voluntades institucionales, si bien estamos mandatados como organismos del Estado para poder coordinarnos en beneficio de niños, niñas y adolescentes, esos mandatos requieren de voluntades de quienes hoy día nos toca liderar las instituciones que representamos. Además, son instituciones que aprenden desde la práctica, que evalúan permanentemente sus acciones y reconocen posibles mejoras y tienen el desafío siempre de actualizar sus protocolos para garantizar el derecho integral de la protección. En ese contexto, hoy reconocemos que existen brechas de mejoras y nos comprometemos, bajo un acuerdo de trabajo, a robustecerlas para que efectivamente la acción coordinada sea cada vez más eficaz y efectiva”, concluyó el director.
