El paso en falso de la Fiscalía de Puerto Montt por el robo de armas a la Capitanía de Puerto de Cochamó

Más de un día y medio después del hecho el Ministerio Público anunció que se haría parte de la investigación. Las dudas surgieron porque el delito ocurrió en un recinto militar, pero abogados penalistas advierten que si participaron civiles corresponde que el ente persecutor indague.

La competencia de la investigación por el robo de armas y municiones perpetrado por cuatro delincuentes a la Capitanía de Puerto de Cochamó, se convirtió en la principal dificultad en el avance de la investigación para aclarar el inusual delito, de acuerdo a abogados penalistas de Puerto Montt.

La investigación quedó a cargo del fiscal naval, y no del Ministerio Público pese a que había evidencia que el delito habría sido cometido por civiles.

Al final los ladrones lograron hacerse de 4 pistolas y 300 municiones de guerra.

Los antecedentes indican que el día del delito, el jueves 16 de febrero en la madrugada (alrededor de las 3.40 horas) al llegar al sitio del suceso el fiscal naval, teniente de la Armada, Diego Molina, entregó instrucciones conforme a las impartidas por el Ministerio Público, que había dispuesto que el hecho se investigado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría, la Sección OS 9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

Pese a ello, la Fiscalía regional confirmó recién el viernes, y 38 horas después de cometido el delito que investigarían el robo con violencia.

“En base a los antecedentes que se tienen hasta el momento en relación con el delito de robo de armas y municiones en un recinto de la Armada en Cochamó, el fiscal regional (s) Enrique Canales, ha instruido el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía local de Puerto Montt en relación a este caso complementando las diligencias que en su momento instruyó el fiscal de turno la madrugada del día de los hechos”, aseguró la fiscal Myriam Pérez.

Expresó que “hasta el momento no se ha descartado la participación de civiles en la comisión de este delito de robo, lo que ha sido la principal razón por la cual se ha dispuesto el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía local de Puerto Montt”.

Para la fiscal Pérez, “la competencia de la Fiscalía local o de la Fiscalía Naval para conocer de este delito y realizar la investigación, es una cuestión que se determinará posteriormente y de conformidad a la legislación vigente”.

TIEMPO VALIOSO

El ex fiscal Sergio Coronado, dijo que producto de esta situación, se perdió tiempo importante para avanzar en las diligencias y poder encontrar las armas, las municiones y detener a los autores del robo.

“En este tipo de casos que tiene ribetes tan complejos y poco habituales en la región, es fundamental que en las primeras horas se adopten medidas intrusivas, me refiero a interceptación de teléfonos utilización de tecnologías para acceder a otro tipo de datos de las personas que pudieron haber intervenido, es decir las 48 o 72 primeras horas son fundamentales, y esto está haciendo que ese tiempo valioso se pierda”, dijo.

Sostuvo Coronado que hubo un apresuramiento al entregar toda la indagatoria a la Fiscalía Naval, “y esperemos que ello no traiga aparejado que evidencia importante se pierda y que eventualmente evidencia levantada por el fiscal naval no pueda ser usado por el Ministerio Público, eso es lo complejo”.

Al ex fiscal de delitos violentos, le llamó la atención que sólo un guardia, un marino, quede a cargo de un lugar donde se guardan armas y municiones.

“El dejar a una sola persona encargada de la custodia de prácticamente un pequeño arsenal, es por decirlo al menos negligente, y creo que ese aspecto tiene que ser abordado por el fiscal naval, qué paso con las medidas de seguridad que han permitido que el día de hoy ande circulando en nuestra región armamento y municiones seguramente de alta potencia, y que evidentemente no fue sustraído para fines pacíficos, eso si tiene que ser abordado a la brevedad, y lo que es robo con intimidación y violencia tiene que ser abordado por un fiscal del Ministerio Público”.

COMPETENCIAS

Coronado, abogado penalista, recordó que se debe tener claro que efectivamente cuando se trata de la comisión de delitos son distintos organismos que pueden intervenir para hacerse cargo del caso y llevar adelante la indagatoria.

“Cuando se trata de delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus cargos y vinculados a recintos militares quien debe actuar en este caso es la Fiscalía Naval, pero la ley es clara que cuando se trata de la intervención de civiles en esos hechos o delitos comunes, el competente es el Ministerio Público”, aseguró.

“El competente es el respectivo fiscal del Ministerio Público, y en este caso el fiscal naval debe investigar de qué manera lo ocurrido le da competencias, en el sentido que puede haber infracción de los militares (marinos), pero ello no impide que se investiguen las otras aristas del caso que es un robo con violencia cometido por civiles. Esto puede afectar la legalidad o la posibilidad de recopilar los medios de prueba que se puedan encontrar”, advirtió.

RECINTO MILITAR

Para el abogado de Puerto Montt, Nofal Abud, se trata de un tema que tiene que ver con la sobreposición de la competencia de la justicia ordinaria -Ministerio Público- como ente investigador y la justicia militar en este caso la Fiscalía Naval.

“A mi parecer -señala- existe una competencia preferente al menos en esta etapa de la investigación que indica que los hechos deben ser investigados por la justicia naval y una vez que esa indagatoria determine el tipo de hechos, si son o no delitos comunes o militares, una vez que la investigación determine si los involucrados son militares o civiles, habrá que determinar efectivamente si esa investigación continúa o no en la justicia naval o debe ser derivada a la Fiscalía local y a los tribunales ordinarios para su prosecución, pero inicialmente entiendo que es correcto que los hechos sean investigados por la Fiscalía Naval”.

De acuerdo al ex intendente y mirado de una situación más amplia “y es algo hace ruido, que ha sabiendas que las personas que sustrajeron las armas en la Capitanía de Puerto de Cochamó seguramente son civiles, delincuentes comunes, esos hechos no pueden ser investigados inmediatamente por la justicia ordinaria, pero está dado porque esos hechos ocurrieron en un recinto militar y todo hecho que pudieran revestir caracteres de delito cometido en un recinto militar, y en el caso de la Armada en playa o mar, debe ser investigado por la justicia naval, para posteriormente determinar si se trata de delitos comunes o civiles, trasladar el caso a la justicia ordinaria”.

Según Abud, hasta el momento no hay modificación que se haya aprobado al respecto.

Recuerda el ex defensor penal público que “sin perjuicio que hay muchas ideas al respecto todas tendientes a reducir al máximo la competencia de la justicia militar, precisamente para que se produzca este contraste, que tiene que ver con la justicia militar aún funciona bajo cánones que tienen que ver con el secreto sumario e imposibilidad de acceder a los antecedentes, procedimientos que hoy en día son arcaicos si se compara con la actual justicia penal reformada a comienzos del siglo XXI”, aseveró.