En Castro se inició el juicio oral por malversación de caudales públicos
En la primera jornada, el tribunal dio lectura al auto de apertura y luego las partes -incluida la Corporación Municipal de Ancud y el Consejo de Defensa del Estado como querellantes-, presentaron sus respectivos alegatos, finalizando con la declaración de los acusados, quienes renunciaron a su derecho de guardar silencio.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro inició este miércoles 23 agosto el juicio en contra de L.A.A.C. y A.R.B.B., acusados por el Ministerio Público y la querellante Corporación Municipal de Ancud, como autores del delito consumado de desfalco o malversación por distracción de caudales públicos. Ilícitos perpetrados en 2016, en la comuna de Ancud.
En la primera jornada el tribunal –integrado por los magistrados Angélica Monsalve Vásquez (presidenta), Loreto Yáñez Sepúlveda (redactora) y Leandro Bahamonde Hernández– dio lectura al auto de apertura y luego las partes -incluido el Consejo de Defensa del Estado como querellante-, presentaron sus respectivos alegatos, finalizando con la declaración de los acusados, quienes renunciaron a su derecho de guardar silencio.
Según la acusación fiscal, el 15 de marzo y el 11 de abril de 2016, se depositaron en cuenta corriente de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, fondos provenientes del Ministerio de Educación, para el pago del beneficio de incentivo al retiro del personal docente, por las sumas de $267.297.296, y $390.168.534, para ser pagada a profesores, respectivamente.
En dicho contexto, los acusados A.R.B.B. y L.A.A.C, en su calidad de director de Administración y Finanzas y secretario titular de la Corporación Municipal de Ancud, respectivamente, habrían aplicado indebidamente, a usos propios, caudales públicos puestos a su cargo, emitiendo cheques de la cuenta de Educación de la Corporación Municipal de Ancud a sus nombres, los que luego cobraron por las sumas de $28.632.062 (L.A.A.C.) y $15.662.050 (A.R.B.B.).
Los dineros distraídos por los acusados causaron grave entorpecimiento en la gestión financiera y contable del servicio, retardando el pago de las obligaciones contraídas con cinco docentes, cuyos bonos habían sido depositados por el Ministerio de Educación, por lo que la nueva administración debió pagar con fondos propios la deuda.
El juicio oral se extenderá aproximadamente durante cinco jornadas, hasta el próximo martes 29 de agosto, y contempla la presentación de prueba testimonial de 27 testigos y peritos, además de prueba documental.