ONG de Gremios agropecuarios del sur envía oficio a parlamentarios para exponer su visión sobre la tramitación de vetos a la Ley de Usurpaciones

El documento, emitido desde la ONG Campo Seguro, pone énfasis en la protección de las víctimas, para lo cual es necesario calificar como delito la usurpación. Llaman a no confundir la realidad del agro con usurpaciones de terrenos que tienen fines de inversión especulativos, de vivienda y de construcción en general.

Con un oficio, dirigido a Senadores y Diputados de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, además de parlamentarios miembros de las Comisiones de seguridad del Congreso, la ONG Campo seguro, que representa a cinco gremios agropecuarios del sur de Chile, planteó su visión sobre aspectos relevantes en la tramitación del veto Presidencial parcial de la denominada Ley de usurpaciones.

El documento, firmado por el presidente de la Organización No Gubernamental, Marcos Winkler Mayer, recoge la posición de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia (Saval F.G.), de la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval), de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago A.G.), de la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche) y de la Asociación de Empresarios Agrícola de la Provincia de Llanquihue (Agrollanquihue), frente al ingreso de parte del Gobierno de un veto a la Ley de Usurpaciones el 30 de septiembre.

El texto contiene cinco puntos relevantes. El primero detalla que “En la Macrozona Sur se han registrado desde el año 2018, doscientas once usurpaciones, en las cuales hasta el año 2021, sólo en tres casos se aplicaron sanciones de multa. En nuestras regiones se han producido veintiséis usurpaciones sobre predios silvoagropecuarios, manteniéndose siete de ellos usurpados, debido principalmente al inconveniente de notificar a las personas que cometen este delito”.

El segundo apunta a la violencia que se ejerce en estos hechos y delitos asociados a las usurpaciones, incluso en predios que han sido desalojados. “En aquellos predios en los cuales se ha realizado el desalojo y en que las víctimas colindan con terrenos que residen personas violentas, continúan las hostilidades, amenazas, ingreso intermitente de personas y de animales a los predios de las víctimas, provocando un desuso de esos terrenos, la pérdida de empleo y productividad”, explica el documento despachado a los parlamentarios.

En cuanto a su principal interés, la carta sostiene que es el de “resguardar la flagrancia extendida de este delito, debido a las condiciones de ruralidad de nuestras Regiones; la pena de presidio en cualquiera de sus grados de forma tal de permitir contar con medidas cautelares personales en contra de los usurpadores para resguardar integridad y producción de agricultores y trabajadores”.

La ONG Campo Seguro plantea además que “resulta relevante el concepto de restitución efectiva del inmueble, siempre y cuando éste no flexibilice el actuar de Carabineros ante la comisión de un delito flagrante”.

El texto finaliza planteando las diferencias que existen entre la comisión del delito de usurpación en predios rurales del sur de Chile, donde se afecta a espacios productivos agroalimentarios. “Considerando que la producción agropecuaria se desarrolla diariamente en nuestras Regiones y que nuestra realidad dista de los terrenos de inversión inmobiliaria u otro uso similar”, explica la carta.

Francisco Muñoz Le Breton, gerente y vocero de la ONG Campo Seguro explicó que el oficio fue distribuido para hacer presente los artículos más relevantes a resguardar en la Ley de Usurpaciones.

“Como ONG Campo Seguro oficiamos a parlamentarios de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, para plantear aspectos relevantes en la discusión legislativa y particularmente que no se confunda la realidad agropecuaria con usurpaciones de terrenos que tienen otros fines y en los cuales no residen personas ni se produce diariamente, como en nuestro sur de Chile”, explicó Muñoz.