A tres años de la promulgación de la Ley de Inclusión: Sólo el 33% de las empresas cumplen esta normativa

La Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD) desarrolló una indagatoria sobre la evolución de la ley N°21.015 de Inclusión laboral. Se trata de un estudio elaborado a partir de un análisis descriptivo de fuentes secundarias otorgados principalmente por la Dirección del Trabajo (DT) y el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), fuentes que permitieron conocer los datos registrados sobre el sector público y privado en relación al cumplimiento de la ley en cuestión.

Con respecto a datos del sector privado, sólo un 33% de las empresas cumple con la normativa de la ley que exige la contratación de personas en situación de discapacidad.  Al mismo tiempo, existen grandes diferencias en los sueldos entre hombres con esta condición y los que no, pues los primeros estarían ganando $130.000 menos que los segundos, aproximadamente.

Si se mencionan datos regionales, los sueldos de personas con alguna situación de discapacidad más bajos se encuentran en las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso y el Maule con menos de $500.000 en promedio, mientras que Magallanes y Antofagasta los más altos, con remuneraciones sobre los $700.000 mil en promedio.

Rápidamente se va desvinculando a personas en situación de discapacidad contratadas bajo la ley de Inclusión laboral, y al mismo tiempo, no hay nuevas contrataciones. Los trabajadores en situación de discapacidad que registraron término de contrato entre febrero y diciembre del 2020 fueron 7.164, mientras que para el 31 de enero del 2021 aumentaron a 10.997. Para esta misma fecha, de los 31.883 contratos registrados, 20.886 correspondieron a contratos vigentes mientras que 10.997 a contratos terminados. Esto según datos extraídos desde Reportes Inclusión Laboral Estadísticas de Registros Administrativos de la Dirección del Trabajo enero 2021.

“Un dato muy relevante con respecto a la ley 21.015, y que expone la desigualdad de género, la cual deberíamos poner atención, es que sólo el 36% de las personas contratadas en el sector privado son mujeres en situación de discapacidad, manteniéndose así la cifra desde el año 2018. Es algo abrumador, ya que esta pandemia ha reflejado las diferencias de oportunidades que existen entre hombres y mujeres”, explicó Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad.

El representante de la fundación señaló también que este escaso cumplimiento se debe a la poca regulación y fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, por lo tanto, la forma que se podría mejorar es fortaleciendo estas fiscalizaciones.

“Se deberían elevar las sanciones a quienes no cumplan esta normativa, pues al día de hoy la multa es más barata que cumplir con la ley en cualquiera de sus formas, sea esta directa o indirectamente”, advirtió Poblete.

Con relación al sector público, no muy distinto al sector privado, el estudio demuestra que existen grandes falencias a la hora de mencionar la participación laboral en este mismo sector. Según la fundación, no existe ninguna supervisión en sus áreas y por lo mismo han pedido desde el año 2020 que la Contraloría más supervisión.

“En el sector público existe constantemente un alto porcentaje que no entrega información a SENADIS. También es lamentable que el reglamento señale que la contratación del 1% no es aplicable a importantes instituciones como el Congreso Nacional, Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el Servicio Electoral y la Justicia Electoral y demás tribunales especiales”, precisó el presidente de la FChD.

Según cifras de selección preferente en el sector público, sólo un 5,2% de las instituciones regionales cumplieron con la normativa en el año 2019 y un 48,2% del total de las instituciones regionales no informan o no responden. Un 80,2% del total de los organismos nacionales no contó con candidatos en situación de discapacidad en las selecciones durante ese mismo año. Con relación al 1% de la dotación anual, para los organismos nacionales durante el 2019, el cumplimiento fue de un 19,7%. En resumen, 23,7% del sector público ha cumplido con las normas de inclusión laboral.

Otra arista es el concepto de “salud compatible con el cargo”, donde se demuestra una ambigüedad para personas en situación de discapacidad a la hora de querer postular a un cargo público y prestándose muchas veces para discriminación laboral.

De esta manera, la FChD ha dejado de manifiesto que los datos proporcionados en su informe demuestran que la aplicación de la ley en el sector público ha tenido serias falencias en su implementación y dificultades en los organismos supervisores para poder llevar adelante su trabajo. La fundación considera que será necesario promover más incentivos para que las instituciones públicas cumplan con lo solicitado y aumenten la fiscalización y más participación en el sector público.